Medicamentos, en personas que no pueden movilizarse, deben llegar hasta la casa - LO QUE PASA EN BUCARAMANGA
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Carmen Alicia Ramírez*, de 51 años, tiene artritis reumatoidea con deterioro en sus manos, codos y rodillas. También se le inflaman sus articulaciones, por lo que tiene que andar en silla de ruedas. Y la Corte Constitucional, tras revisar un fallo de tutela, amparó sus derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, que estaban siendo vulnerados porque la Nueva EPS y Audifarma S.A. debieron entregarle el medicamento que ella necesitaba en el municipio de Palmira, donde reside. Cosa que no pasó. El 27 de abril de 2017, de acuerdo con el expediente, el médico a cargo de la Nueva EPS le ordenó a la mujer para su tratamiento cimzia certolizumab pegol, medicamento que fue autorizado el 5 de mayo. Seis días después acudió a Audifarma S.A., en Palmira, para reclamar el medicamento, pero se encontró con la mala noticia de que la entrega del medicamento no era posible, pues este debía ser aplicado en Cali. Ante esa respuesta, interpuso una tutela para obtener el amparo de los derechos antes mencionados. Y un juez falló a su favor.

El juzgado 18 laboral de Cali, el 29 de junio de ese mismo año, amparó los derechos de Carmen Alicia Ramírez y le ordenó a la Nueva EPS autorizar la entrega del medicamento, y a Audifarma S.A. la obligación de aplicar el medicamento en el municipio donde ella reside. La decisión fue ratificada por la Corte Constitucional, que además recordó su jurisprudencia dejando algunas consideraciones que se deben tener en cuenta en estos casos. Una de ellas, que el suministro de medicamentos es una de las principales obligaciones que deben cumplir las EPS, y que cuando se incumple ese deber se vulnera los derechos a la salud y a la vida digna, porque la demoras se traducen en que el tratamiento se suspenda o no se inicie oportunamente. 

La Corte concluyó que cuando se incumplen los derechos se omite “la satisfacción de los componentes básicos que guían la aplicación de los principios de oportunidad, integralidad y continuidad, de los cuales depende la garantía del derecho a la salud como derecho fundamental”. A Carmen Alicia Ramírez, según la Corte, se le vulneró ese derecho en tres aspectos: no pudo recibir el tratamiento ordenado por su médico, no se le prestó el servicio de salud como lo dijo el galeno y la imposición de trasladarse a otra ciudad para recibir el medicamento.

“La carga que se le impuso a la señora Carmen Alicia Ramírez para recibir el tratamiento prescrito supera el mínimo de razonabilidad que se exige en términos de accesibilidad, pues se pretende que acuda a una IPS en una ciudad distinta de donde reside, para obtener el suministro de un medicamento que requiere”, precisó la Corte, para indicar que esta circunstancia constituyó una barrera para ella al derecho a la salud. Sin embargo, en la misma decisión se supo que Audifarma S.A. ya estaba haciendo las gestiones para que el medicamento lo pueda reclamar en Palmira. 

“Las entidades promotoras de salud no sólo tienen la obligación de garantizar la oportuna y eficiente entrega de los medicamentos que requiere el paciente, sino también la de adoptar medidas especiales cuando se presentan barreras injustificadas que impidan su acceso, ya sea por circunstancias físicas o económicas, más allá de las cargas soportables que se exigen para los usuarios del sistema, pues de ello depende, en muchos casos, el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la integridad física”, concluyó la Corte Constitucional.

*Nombre modificado para proteger la identidad de la víctima.

Tomado de el espectador 

Medicamentos, en personas que no pueden movilizarse, deben llegar hasta la casa