CAI Fluvial y Centro Náutico de Topocoro, puras ilusiones.

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MILTON ARENAS PABONColumnista

En nuestro País se volvió costumbre inaugurar obras inconclusas o entregar bienes públicos que no se pueden utilizar por una razón u otra, y el departamento de Santander no es la excepción.

El 5 de octubre de 2017 la gobernación de Santander firmó el contrato 2082 cuyo objeto era “la consultoría para los diseños, así como la obtención de las licencias y permisos para la construcción de un centro náutico deportivo en el embalse de Topocoro por un valor de 654.436.930 y un plazo de 5 meses para su ejecución, para esto fue contratada la empresa española consultores de ingeniería UG21 SL.

Al día de hoy han transcurrido 34 meses sin que se hayan podido obtener los permisos de construcción y las licencias ambientales que inicialmente se habían contratado, esto debido a varios inconvenientes que no fueron detectados en su momento o que se conocían, según lo demuestra el contratista en los informes que envió a la gobernación y que no fueron tenidos en cuenta a pesar de las advertencias y más aún  que el supervisor del contrato el diputado electo por el partido liberal el joven Alfonso Pinto Fratalli y la empresa contratada para la interventoría CONSTRUANLE SAS (a quien le pagaron $65.443.690 por esta interventoría) no se hayan percatado de esto en su momento.

Llaman la atención varios detalles del contrato, pero principalmente llama la atención las observaciones que hace el contratista sobre las deficiencias en los estudios, diseños y documentos de soporte para la obtención de las licencias y permisos para la construcción del club náutico de topocoro, así mismo es curiosa la cantidad de actas de suspensión y las adiciones de este contrato de consultoría, según el contratista por negligencia  de los entes encargados de otorgar estas licencias es decir la  CAS y la oficina de planeación del municipio de BETULIA .

El día 22 de octubre de 2019 la empresa contratista española consultores de ingeniería UG21 SL. Envío una comunicación a la Gobernación de Santander y a la empresa interventora de este contrato CONSTRUANLE SAS donde manifiesta la imposibilidad de finiquitar los trámites pertinentes para la obtención de los permisos y licencias para la construcción del club náutico de topocoro, y según consta en este comunicado ellos habían advertido del problema por el tema de las licencias a la Gobernación de Santander inclusive antes que se firmara el contrato por el tema del cambio de la licencia ambiental por parte de ISAGEN ante la ANLA , lo que nos hace concluir que los funcionarios del Ente Departamental omitieron estas observaciones y aun así procedieron a firmar el contrato.

En este mismo documento el contratista solicita a la gobernación de Santander y la interventoría que procedan a liquidar el contrato, ya que les está causando “incertidumbre administrativa y pérdidas económicas” por no poder ejecutar a cabalidad el contrato, a pesar de haber recibido el pago del 90% del valor del contrato en los primeros 5 meses de ejecución, e inclusive citan una ponencia del concejo de estado , que señala que, cuando el contratista no puede cumplir el contrato por “caso fortuito” , el contratante no puede exigir que se cumpla con el objeto contractual  a cabalidad , ya que según la alta corte “nadie está obligado a hacer lo imposible”

A pesar de todas las irregularidades existentes en la ejecución del contrato y las cuales No fueron detectadas por el supervisor del contrato y la interventoría en su momento, en el mes de diciembre del año anterior se procedió a liquidar el contrato de manera bilateral y a descontar del mismo la suma de 10 millones de pesos, que según el contratista era el valor señalado en la cotización como el costo de la gestión de los permisos y licencias. Así las cosas, entre contratista e interventoría se invirtieron más de 800 millones de pesos de nuestros impuestos en un contrato que No fue ejecutado en su totalidad y al día de hoy, tenemos consultoría para los diseños de construcción del club náutico en Santander, pero no contamos ni con licencias ambientales ni con permisos de construcción. Como reza el dicho popular “esa platica se perdió” y ahora solo nos queda esperar y con mucha fe, a que algún contratista de buen corazón se interese en ejecutar un nuevo contrato para la gestión de los permisos y licencias ambientales por la módica suma de 10 millones de pesos que según funcionarios de la gobernación, contratista e interventoría es el valor estimado para el trámite y la consecución de las licencias ambientales y los permisos de construcción.   

Cabe anotar que los dos contratos tanto el de consultoría como el de interventoría recibieron adicional tanto en valor como en tiempo, la empresa consultores de ingeniería UG21 SL. Recibió un adicional por valor de $76.406.495 y tres meses de plazo y CONSTRUANLE SAS recibió un adicional de $32.282.320 y el mismo plazo. Esto con el fin de gestionar por tres meses más las licencias y permisos que hasta hoy NO se han conseguido.

Pero aquí no termina todo, como es conocido por todo el País el 17 de diciembre de 2018 fue inaugurado con bombos y platillos por el gobernador Didier Tavera el primer CAI FLUVIAL de toda la región, donde asistieron personalidades del nivel nacional para tomarse la foto y de paso  se dieron una vueltecita en el Buque PIENTA como fue bautizada en su momento la embarcación, pero esta sería la única vez que zarparía esta embarcación en las turbias y contaminadas aguas de la represa Topocoro, ya que desde ese momento la embarcación que costó alrededor de 1800 millones de pesos NO pudo ser utilizada por la policía nacional y aquí les voy a contar por qué.

Fuentes de la policía nacional explicaron que el Buque Pienta no pudo  ser recibido  en el año 2018 porque no estaban definidas por parte de la gobernación de Santander, Isagen y Corsogamoso las gestiones necesarias para articular el funcionamiento permanente de los costos de operación y mantenimiento de esta embarcación, tal y como se plasmó en la minuta del acuerdo marco de voluntades firmado por  estas entidades , es decir al momento de ser recibida la embarcación todos los gastos de funcionamiento serian responsabilidad de la policía nacional y esta institución manifiesta que no contaba con los recursos necesarios para su funcionamiento

En este caso se debía haber planificado por estas entidades al momento de hacer la inversión por más de 1800 millones de pesos de donde iban a salir los recursos para el funcionamiento y mantenimiento de esta embarcación el cual asciende a los 30 millones de pesos mensuales , de la misma manera el principio de integralidad en el presupuesto público establece que al momento de designar el presupuesto para hacer una inversión se deben garantizar los recursos necesarios para poner en funcionamiento la inversión realizada.

Así mismo personal técnico de la Policía Nacional indica que en la revisión realizada a esta donación, se pudo constatar que la lancha rápida que está incluida como accesorio de este buque NO cumple con la normatividad vigente sobre este tipo de naves acuáticas ya que no está registrada ante la autoridad marítima correspondiente, no tiene nro. Serial del fabricante ni placa de identificación y al parecer está en mal estado ya que se trataría de un casco que ya fue usado.

Según el manual logístico de la policía nacional, documento establecido por esta institución para manejar los recursos físicos entre otros aspectos, establece que no pueden recibir equipos o aparatos que tengan más de un año de uso, y esta sería la razón principal por la que no han recibido la mencionada embarcación.

Por otra parte, el secretario de desarrollo del departamento de Santander Samuel Prada Cobos manifestó en ese momento, que el motivo por el cual no ha sido recibida esta embarcación por parte de la POLICIA NACIONAL, es porque supuestamente la institución no cuenta con el software necesario para ingresar este bien en su listado de activos, y que se han puesto mil trabas y excusas por esta institución para no recibir esta embarcación.

Preguntamos por esto a fuentes de la policía y ellos nos respondieron que estas afirmaciones eran totalmente falsas, y que los motivos de esta decisión corresponden netamente a problemas con los aspectos que anteriormente mencionamos.

En el año 2019 al finalizar el periodo del gobernador Didider Tavera , se firmó un convenio de asociación por parte de la policía nacional y la gobernación de Santander donde se hizo entrega formal del buque pienta a la policía de Santander con el fin de operar y poner en funcionamiento la embarcación  a pesar de los antecedentes que presentaba  y el deterioro  por permanecer más de un año varado en la represa topocoro sin entrar en funcionamiento  , y en el mes de diciembre de 2019  se realizó la compra de la póliza de seguros contra todo riesgo por un valor de 57 millones de pesos y para comprar dicha póliza se realizo un peritaje y avaluó de la embarcación y vaya sorpresa que los bienes asegurados fueron valorados en 1.366 millones es decir 500 millones menos del valor que costaron o que fueron adquiridos inicialmente es decir una embarcación de costo 1800 millones , paso a costar 1366 millones, esto nos lleva a hacer la siguiente pregunta. ¿De cuánto fue la depreciación de la embarcación sin haber sido utilizada?

Al día de hoy 07 de julio de 2020 la embarcación sigue varada en la represa de topocoro sin estar prestando ningún tipo de utilidad, no esta funcionando, se sigue deteriorando por falta de mantenimiento y sigue corriendo la póliza de seguros contra accidentes la cual se vence el 13 de diciembre de 2020 y por la cual se pagaron 57 millones de pesos.
Centro Náutico de Topocoro

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